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Foto del escritorAguete Inmobiliaria

El calendario de la rehabilitación energética en edificios impuesto por la UE

La legislación europea sobre políticas de eficiencia energética en los edificios avanza de manera constante, aunque a un ritmo gradual. La redacción final de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (DEEE o EPBD, por sus siglas en inglés) se espera conocer pronto, con la aprobación prevista durante la presidencia española de la UE. Este avance legal plantea desafíos significativos para el sector de la construcción, como la necesidad de llevar a cabo la rehabilitación energética de aproximadamente 1.400.000 viviendas para el año 2030. Además, la nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada en 2023, que difiere de la europea, también se aplica a los edificios de propiedad pública, incluyendo la vivienda social.


A pesar de la dificultad de evaluar la situación actual, el boletín trimestral del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana proporciona cierta perspectiva. Según su edición más reciente, en 2022 se aprobaron 62.556 ayudas para la rehabilitación. Esta cifra está considerablemente por debajo de las 300.000 ayudas anuales requeridas por la Unión Europea para el año 2030.


La nueva Directiva de Eficiencia Energética aprobada en 2023, y en particular, la futura DEEE, establecen un nuevo marco regulatorio para la construcción y rehabilitación de edificios en un contexto de cambio climático y aumento de los costos energéticos. Marta Vall-llossera, presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), subraya que la aprobación de esta normativa y su transposición a la legislación nacional serán determinantes para el futuro de la construcción en España y en la UE en su conjunto.


Desde su posición como presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado enfatiza la importancia de los plazos en lugar de las demandas específicas. Señala que existen plazos diferentes para la implementación dependiendo de la titularidad del edificio. La Directiva establece el año 2030 como fecha límite para los edificios privados y el año 2027 para los edificios de propiedad pública. En este último caso, el plazo para realizar mejoras medioambientales es relativamente breve para lograr la adecuación.


Es relevante recordar que según estadísticas de la Unión Europea, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo total de energía en los estados miembros y contribuyen al 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). A la espera de la respuesta de las Administraciones Públicas


El nuevo reglamento establece un periodo de cuatro años para que los edificios ocupados por diversas administraciones públicas se adapten a los requisitos de la Unión Europea en términos de eficiencia energética. Esta adaptación implica un gran esfuerzo, especialmente considerando las condiciones actuales de muchas de estas instalaciones.


Juan Antonio Gómez-Pintado hace un llamado a que estas reformas no se posterguen hasta el último momento. Subraya la importancia de evitar que la administración pública retrase las convocatorias de licitación, especialmente cuando ya existen fondos disponibles para llevar a cabo estas transformaciones con el tiempo necesario.


Cabe destacar que estas reformas son cruciales para que España cumpla sus compromisos. El sector público representa entre el 5% y el 10% del consumo total de energía en la Unión Europea, y la Directiva impone reducciones anuales acumulativas del 1.9% en ese consumo para lograr una disminución del 19% entre 2020 y 2030. Esto se aplica tanto a los edificios gubernamentales como a las viviendas sociales de propiedad pública.


Albert Cuchí, arquitecto asesor del CSCAE y profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, también destaca que la nueva Directiva de Eficiencia Energética establece una reducción adicional del 11.7% con respecto a los objetivos globales fijados en 2020. Sin embargo, enfatiza que la aplicación de estas medidas se llevará a cabo de manera indirecta a través de instrumentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el cual desarrolla los objetivos de la Directiva de Eficiencia Energética para cada país y sector, junto con los mecanismos de la DEEE.


Los desafíos en torno a las subvenciones


El año 2030 se establece como un hito fundamental para la plena descarbonización de los edificios de propiedad privada, en camino hacia el objetivo de 2050. Este planteamiento difiere para los edificios de nueva construcción y los existentes. En los de nueva construcción, Juan Antonio Gómez-Pintado señala que el sector ya ha adaptado sus estándares para cumplir con la calificación mínima de letra B, y algunos actores de la industria incluso buscan estándares aún más rigurosos. Existe la mención de una nueva calificación energética, A+, para el año 2050, pero se reconoce que hay tiempo para considerar y aplicar estos cambios.


La situación es más compleja en el caso de edificios existentes, donde la rehabilitación y la financiación son esenciales. Los fondos Next Generation destinados a la rehabilitación indican el respaldo europeo a la mejora de la eficiencia energética en este parque de edificios. Según Albert Cuchí, alcanzar la meta de casi 1,400,000 viviendas rehabilitadas energéticamente entre 2020 y 2030, incluyendo 300,000 en 2030, representa un aumento significativo en la tasa de renovación en comparación con 2020.


Para este avance en la rehabilitación, se necesita una preparación adecuada, y los Colegios de Arquitectos están colaborando con las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación y se están adaptando para liderar el cambio que conlleva la nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios.


Sin embargo, Juan Antonio Gómez-Pintado expresa su preocupación acerca de la gestión de los fondos Next Generation. Señala que existen muchos expedientes presentados en espera de la tramitación por parte de las autoridades para solicitar subvenciones. A menudo, las comunidades de propietarios, tras acordar la rehabilitación con una empresa, retrasan la decisión final mientras esperan conocer el tipo de ayuda que recibirán.


Gómez-Pintado subraya la necesidad de que las comunidades autónomas agilicen sus procesos, ya que el plazo de ejecución de los fondos Next Generation establecido por la legislación europea es el 31 de agosto de 2026, un plazo que el Gobierno español busca extender, aunque aún no se ha confirmado si lo ha logrado. La celeridad es esencial, ya que los expedientes pendientes se han convertido en un obstáculo para el inicio de las rehabilitaciones de eficiencia energética.


Descarbonizar el ciclo de vida de los edificios en su totalidad


En el contexto de la descarbonización, la presidenta de CSCAE, Marta Vall-lloresa, enfatiza la necesidad de abordar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el ciclo de vida de los edificios. Esto implica considerar aspectos como el diseño arquitectónico, el uso de materiales apropiados, la gestión eficiente de la energía, la aplicación de la digitalización en procesos constructivos, y la innovación para disminuir la huella de carbono y la demanda energética en las viviendas. También subraya la importancia de considerar el fin de la vida útil del edificio y la recuperación y reciclaje de materiales, incorporando todo esto dentro de un enfoque de economía circular.


Juan Antonio Gómez-Pintado recuerda que el sector enfrenta retos inmediatos, como reducir los residuos generados en construcción en un 13% para 2025 y en un 15% para 2030, en comparación con los niveles de 2010, de acuerdo con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Señala que el sector aún no es completamente consciente de este desafío y destaca la necesidad de informar y concienciar sobre este cambio significativo en el uso de materiales.


La trazabilidad de los residuos y la rendición de cuentas por incumplimiento son otras cuestiones que requieren adaptación por parte de las empresas y son bastante exigentes. Todas estas piezas son fundamentales para que España cumpla con su compromiso de avanzar hacia un nuevo modelo de economía más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.






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